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¿Espionaje ilegal? La justicia investiga si hubo espionaje al Gobernador Arcioni

Un informe que ya está en la justicia revela rastreos por parte de la AFI, la UIF, la AFIP, el Ministerio de Seguridad, la Procuración General y otras oficinas públicas.

La justicia busca desentrañar si desde diversas dependencias del Estado el Gobierno de Mauricio Macri desplegó actividades de espionaje e inteligencia ilegal en relación a 25 personas, entre ellas jueces de la Corte, de la Cámara de Casación, jueces federales y del fuero penal económico, gobernadores y presidentes de bloques en el Congreso. Aunque aún resta establecer si hubo motivos que lo justifiquen, un informe que está en el expediente detalla la fecha y desde qué organismos se buscó información.

El trabajo consigna distintos ingresos de búsqueda de datos de ese listado de personas desde la AFIP, el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Jefatura de Policía de la Ciudad, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Gendarmería Nacional, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Procuración General de la Nación, las Jefaturas de la Policía Federal, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval y el ministerio de Seguridad de Salta.

El fiscal Ramiro González solicitó al juez Rodolfo Canicoba Corral una serie de medidas para determinar si aquellas búsquedas respondieron a “actividades de espionaje e inteligencia ilegal”. Para ello se realizó una consulta a la Dirección Nacional de Migraciones y otras en curso al Banco Central, la AFIP y la bases privadas de datos financieros Veraz y Nosis.

La causa se centra en la hipótesis de un presunto espionaje por parte del Gobierno a jueces y dirigentes políticos. El dictamen con el que el fiscal abrió la investigación se refiere a “hechos puntuales de espionaje pasibles de verificación”. La investigación entonces, busca corroborar la existencia o no de hechos de espionaje ilegal y ahondar, en caso de ser así, con qué finalidad y porqué se eligió a determinados magistrados.

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Las extrañas búsquedas no se acotaron a los funcionarios de la justicia. Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, hubo rastreos sobre el gobernador chaqueño Domingo Peppo el 25 de enero de 2018; sobre Alicia Kirchner el 22 de agosto de 2018, y sobre el gobernador chubutense Mariano Arcioni en dos oportunidades: el 19 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de ese mismo año.

A la fecha hay dos imputados en el expediente que ya que se presentaron de forma espontánea y con abogados defensores fijando domicilio. Se trata del auditor de la AFIP Néstor Sosa y de otro integrante del organismo recaudador, Jaime Mecikovsky, cercano a Elisa Carrió.

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