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La SCPL trabaja en medidas que logren la prestación de servicios para todos los comodorenses

La Sociedad Cooperativa Popular y Limitada (SCPL) de Comodoro Rivadavia explicó a los usuarios que debido al contexto nacional desfavorable, busca encaminar los esfuerzos propios con la iniciativa del nuevo Consejo de Administración, en conjunto con la municipalidad local, para obtener tarifas y sostener los planes sociales que necesita la comunidad.

Fernando Lebrun, gerente comercial administrativo de la entidad, manifestó que “tenemos un atraso tarifario y un deterioro estructural que se arrastró durante más de una década y todos sabemos que en las condiciones actuales de inflación y en el contexto económico del país, con los aumentos mayoristas del mercado eléctrico y el aumento de los insumos, la situación es insostenible”.

“Hoy nos estamos financiando básicamente con el no pago de la energía mayorista, pero esta es una situación que llego a un límite ya que a la fecha tenemos embargada una cuenta bancaria en un 100%”, puntualizó Lebrun, quien además agregó que “el atraso tarifario es muy grande y prácticamente sólo estamos pagando los sueldos del personal, los insumos mínimos necesarios para prestar los servicios y cumpliendo con nuestras obligaciones con lo cual, inminentemente, vamos a empezar a tener graves complicaciones”.

Ante esto, responsabilizaron a Nación por la situación, explicando que en conjunto con las autoridades de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, buscan en un plazo aproximado de 30 a 45 días, arribar a una solución.

Además explicaron que el nuevo Concejo de Administración de la SCPL actualmente promueve y lanza programas que apuntan a contener la frágil situación de una gran porción de la ciudadanía comodorense, como el ya lanzado programa #Conectados o el próximo a lanzar #ScplEnTuBarrio, y solicitará la implementación del Pass Through, que es un sistema de actualización automática de tarifas que posibilitará implementar, mantener y reforzar los sistemas de Tarifa Social, y a su vez sofocar el potencial riesgo en la prestación de servicios públicos.

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