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Solicitan a la Cancillería Argentina que asista a un fotógrafo detenido en Bolivia

Organizaciones de derechos humanos y sindicales pidieron una reunión a Felipe Solá para reclamarle que garantice "el derecho a la vida y la salud" del reportero argentino.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y sindicales pidieron una reunión al canciller Felipe Solá, para reclamarle que garantice “el derecho a la vida y la salud” del reportero argentino Facundo Molares, detenido en Bolivia acusado de asociación delictiva y de instigar delitos, y para pedirle asistencia jurídica y el respeto a sus derechos.

El texto expresa la “preocupación por la situación del ciudadano argentino Facundo Molares”, ahora detenido en el penal de Chonchocoro, de la ciudad de El Alto –cercana a La Paz-, porque está “padeciendo situaciones incompatibles con las garantías del derecho a la vida y las debidas garantías judiciales”, previstas en los artículos 4 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Molares fue internado en el Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra el 12 de noviembre, en estado de coma farmacológico, entubado, con asistencia respiratoria, traumatismo de cráneo y un cuadro de insuficiencia renal grave. Aún internado el gobierno lo acusó de delitos graves, sin exhibir pruebas, y hasta dejó trascender que había sido formado por las FARC colombianas, cuando, en verdad, Molares –de 44 años y nacido en la bonaerense San Miguel- estaba en la zona como reportero de la revista digital Centenario.

El 2 de diciembre fue llevado a un centro penitenciario y después al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, que no tiene las condiciones mínimas adecuadas para su atención de salud y en el que, por las temperaturas extremas que se dan ahí, ponen en riesgo su vida.

Además de entregar en la Cancillería documentación sobre la situación del fotógrafo, los organismos de DDHH y sindicales pidieron un encuentro “urgente” con Solá para pedirle que “garantice en forma efectiva el derecho a la vida y a la salud” de Molares, y se asegure “la debida asistencia jurídica y el respeto a las garantías judiciales mínimas establecidas en el Pacto de San José de Costa Rica”.

Fuente: Telám

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